Evaluar la dimensión social y económica de una actividad y en particular de un sistema productivo agropecuario, permite identificar elementos que pueden optimizar su desempeño y sostenibilidad en el tiempo, mediante procesos de toma de decisiones e internalización o externalización de factores que contribuyan al incremento de la productividad y competitividad del sistema, que se traduzcan a su vez en mayores ingresos y utilidades para los productores y sus familias.
Las características sociales de una unidad productiva, familia, grupo o comunidad, en este caso rural, constituyen el capital que posibilita y potencializa el proceso de apropiación del medio natural, en este caso mediante una actividad productiva agropecuaria. Por su parte la dimensión económica, permite valorar en términos monetarios los flujos del proceso de apropiación e intercambio de la producción derivada de un sistema agropecuario. El análisis integrado de estas dos dimensiones, dan cuenta de la generación y distribución de los beneficios e impactos provenientes de las actividades productivas agropecuarias.
Los criterios de mayor importancia son mercado laboral e infraestructura y logística con porcentajes de 28,3 % y 25,4 %, respectivamente. Respecto al primero, se destaca la fuerza laboral como recurso indispensable en el proceso de apropiación, puesto que como factor de producción, el trabajo determina el comportamiento productivo de un sistema, por tanto las inversiones en este, puede favorecer o desfavorecer su desempeño. Existe consenso de la escasez en la disponibilidad de mano de obra empleada por los productores de caña para el establecimiento, manejo del cultivo y transformación de la panela debido a: i) la poca sostenibilidad del sector ha hecho que los jóvenes migren a otros centros poblados y ciudades. ii) La mano de obra contratada se caracteriza por ser temporal, costosa para el productor y con una alta rotación. Estas condiciones no favorecen la gestión de conocimiento debido a que el jornal se limita solo a la actividad comercial y no al aporte de mejoras en las labores técnicas (Corpoica, 2017; AGROSAVIA, 2018).
En cuanto a infraestructura y logística, un alto porcentaje de la panela producida se comercializa por cadenas de intermediación para llegar al consumidor final (CCI, 2016) y para la interpretación de este criterio de la aptitud es necesario tener en cuenta los tiempos de desplazamientos desde el punto o ubicación del predio hasta donde se identifican los centros de servicios, de comercialización y de transformación. En la transformación no se incluyó la ubicación de los trapiches y los centros de mieles. Los trapiches por no tener información veraz de cantidad y ubicación; y las centrales de mieles por no estar en funcionamiento al momento del procesamiento de la información. No obstante, es necesario destacar estos dos centros de transformación debido al valor agregado que genera. En el caso de la central de mieles, su objetivo es homogenizar y estandarizar el producto final a partir de la materia prima y así realizar los productos bajo una misma marca. Del núcleo productivo cuentan con esta infraestructura, Caparrapí y Útica.
Tradición productiva y seguridad ciudadana se ponderó con los valores de 15 % y 10,3 %, respectivamente. La primera es asumida como un capital social que permite mayor conocimiento y experiencia tanto en las actividades agropecuarias, como de un sistema en particular; se destaca por ser un criterio nuevo a la metodología y para efectos de la espacialización se analizó en términos de área sembrada y la existencia de cultivos en los últimos 10 años. En los municipios del núcleo productivo existe una cultura panelera de más de 60 años lo que define la existencia de un amplio conocimiento ancestral sobre técnicas y manejo del sistema de cultivo (Corpoica, 2017).
El criterio de indicadores económicos se ponderó con un valor de 7,3 %, precio y tamaño de la tierra rural comparten un valor alrededor del 4 %, mientras institucionalidad y condiciones de vida se ponderó alrededor del 2 %. Es necesario destacar el criterio de institucionalidad, debido a que se realizaron ajustes metodológicos incorporando elementos de innovación que lleven a comprender mejor el impacto de la cobertura institucional.